Cámara Nacional de Acuacultura lidera el reclamo por el dragado en Puerto Bolívar

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Ing. José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura.
Ing. José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura.

En la rueda de prensa del día de ayer en la ciudad de Machala, el Ing. José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la CNA fue claro al exponer la posición del gremio.

“El sector camaronero tomará las acciones legales correspondientes para que las obras de dragado impulsadas por Yilport cuenten con un estudio de impacto ambiental que realmente determine cuales pueden ser los impactos a la actividad productiva camaronera y se apliquen las obras de mitigación que correspondan”.

A pesar de que ya en Junio de 2017 el sector se reunió con el Ministro de Ambiente, la Ministra de Acuacultura, y se expuso técnicamente las falencias del estudio de impacto ambiental, al revisar la segunda versión de este informe, persisten las graves fallas técnicas observadas al primer informe, indicó Camposano.

“En lo que respecta al análisis de los sedimentos, son análisis superficiales que no toman en consideración la profundidad del dragado. Las muestras se han tomado en áreas por fuera de la zona de dragado”, apuntó.

El sector camaronero no se opone a ninguna actividad de dragado a nivel nacional, se reconoce la necesidad de dragar las diferentes cuencas hídricas, sin embargo, se debe realizar en forma técnica, incluyendo en los estudios a todas las actividades afectadas, en el estudio no consta la cría de camarón manifestó Camposano.

“Esperamos que el Ministro suspenda el inicio de las actividades hasta que este fallo sea corregido. La licencia establece que el único responsable por las posibles afectaciones es Yilport, sin embargo, nuestra dirección jurídica nos ha confirmado que estamos amparados por la Constitución; ya sea por la acción u omisión del Ministerio del Ambiente, podemos exigir la reparación de parte del Estado por no haber actuado de manera adecuada”, sostuvo.

“Se pone en riesgo una actividad productiva que es la principal fuente de divisas no petroleras para el país, hay alrededor de 15.000 hectáreas en el Archipiélago de Jambelí, no se puede jugar de esta manera con una de las dos actividades que sostienen a la provincia de El Oro y de la cual dependen más de 30.000 familias”, concluyó.