No hay garantía de recuperar el dinero perdido con Odebrecht

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Odebrecht acumula ocho procesos abiertos -tres de ellos aún en investigación reservada- en los que se vincula a una veintena de personas. (Archivo)
Odebrecht acumula ocho procesos abiertos -tres de ellos aún en investigación reservada- en los que se vincula a una veintena de personas. (Archivo)

Recuperar el dinero malversado por corrupción no solo es deseable, sino también una obligación del Estado impuesta por la ONU. Pero en Ecuador aún no se dan todos los elementos para asegurar que el saqueo de la trama de corrupción, auspiciada por Odebrecht, quede resarcido en su totalidad. El país necesita ayuda de fuera.

No hay auditores forenses que, por experiencia, puedan dibujar el mapa de transferencias pagadas a funcionarios públicos con las que la constructora brasileña, presuntamente, se garantizaba millonarios contratos con el Estado. Y además, el caso lidia con cinco escollos, habituales en redes de corrupción, que dificultan el rastreo de las coimas.

El presidente Lenín Moreno sugirió contratar a empresas auditoras internacionales expertas. Y EXPRESO ha localizado en México a un ecuatoriano especializado en investigaciones y prevención de fraude y corrupción. Fernando Cevallos es socio de Servicios Forenses de la reconocida multinacional Deloitte y, desde Singapur, identifica las principales trabas para trazar los movimientos de los dineros mal habidos, que buscan el parapeto de la opacidad.

Si las transferencias pasan por paraísos fiscales —que mantienen sigilo bancario y donde no hay información pública—, o si se transforman en efectivo, es más fácil perder el rastro. En cambio, no sería problema recuperar el original de un documento que haya podido ser borrado o alterado en dispositivos electrónicos, como el disco duro que, según el testigo Alcívar, respaldaba el contenido de la computadora perdida de Ricardo Rivera y contiene pruebas de los intercambios de información —no solo familiar— entre Glas y su tío.

Lo más complicado, apunta el auditor forense, es demostrar con pruebas de peso el vínculo entre un testaferro y el beneficiario de esa relación. “El testaferro es una figura muy utilizada en esos casos, pero la relación es muy difícil de probar. Habría que buscar mensajes de texto, mails o testimonios que puedan demostrar que recibió órdenes para comprar cierta cosa a nombre del otro”, analiza Cevallos desde un punto de vista técnico.

Estos obstáculos en el trazado del mapa del saqueo son superables —en diferente grado de dificultad como recoge el gráfico—, pero aun así no está garantizada la recuperación de los fondos desviados, ni siquiera llegando a la última transferencia y ubicando dónde, cuánto y a nombre de quién están los recursos desviados.

Ahí es fundamental la pericia de la acusación para trasladar a los responsables de la trama -ya sean empresas o personas- las sanciones económicas que sirvan de resarcimiento del perjuicio. “Nunca he escuchado de un caso específico donde se regresen los montos que potencialmente se han robado o que están dispersos en el sistema financiero local o internacional. No sé si es debido a impunidad o a falta de cooperación para hacer esa recuperación pero, básicamente, lo que hacen las autoridades, como por ejemplo se ha hecho en Brasil, es recuperarlo a través de multas y penalidades. Se calcula cuáles son los daños e impactos y se estima una multa para resarcir ese dinero”, explica Cevallos.

EXPRESO consultó a la Fiscalía, entre otras cuestiones, si planea acusar a la empresa con el fin de solicitar una sanción económica equivalente al perjuicio al Estado y si ya había algún acuerdo indemnizatorio, en el marco de la cooperación eficaz firmada con los directivos de la empresa. También se consultó con Procuraduría General del Estado. Pero hasta el cierre de esta edición no llegaron las respuestas de las instituciones.

En el expediente procesal más amplio por el caso Odebrecht, el de asociación ilícita que tiene al vicepresidente sin funciones Jorge Glas en prisión preventiva, se ha solicitado la asistencia penal internacional a paraísos fiscales como islas Marshall, islas Vírgenes o Panamá. Pero a juicio de Francisco Pesántez, abogado penalista, debería haber acusado a la empresa Odebrecht, como persona jurídica, por la trama de corrupción.

En los ocho procesos abiertos hasta ahora (cinco en instrucción y tres en investigación bajo reserva) por asociación ilícita, lavados de activos, cohecho, concusión, peculado o captación ilegal de activos, no se ha presentado acusación contra la persona jurídica, pese a que el COIP introdujo esta posibilidad. Sus directivos sí están acusados y tienen un acuerdo de cooperación eficaz que, para Pesántez, tampoco debería mantenerse más tiempo bajo secreto. En ese acuerdo, explica, debería haberse pactado que Odebrecht resarza económicamente a Ecuador.

Lo que está claro, ratifica Pesántez, es que la acusación contra la empresa ya no es admisible en el proceso por asociación ilícita en el que están vinculadas 18 implicados, entre ellos Glas y su tío Rivera. “Pueden hacerlo en las otras instrucciones abiertas, pero hay que empezar de cero”, critica el catedrático.

Los correos Rivera-Glas, autenticables

El auditor forense de Deloitte, Fernando Cevallos, asegura que existen herramientas para recuperar el original de un documento y averiguar si ha sido alterado o borrado en dispositivos electrónicos.

La defensa del vicepresidente sin funciones Jorge Glas ha expresado reiteradamente su desconfianza a los documentos que presentó el testigo Alcívar y que según este testimonio contiene correos electrónicos que dan cuenta de las comunicaciones entre Glas y su tío, Ricardo Rivera.

Fiscalía

EXPRESO consultó a la Fiscalía General del Estado si el acuerdo de cooperación eficaz firmado con acusados incluía cláusulas económicas de resarcimiento del perjuicio causado, así como detalles de los impulsos realizados para trazar el rastro del dinero y si se solicitará multa. Hasta el cierre de edición no se recibió respuesta.

Procuraduría

Las preguntas que este Diario trasladó el jueves 19 de octubre a la Procuraduría General del Estado —cuyas respuestas no llegaron al menos hasta el cierre de esta edición— se centraban en saber por qué no se presentó acusación particular contra la persona jurídica de Odebrecht y en el cálculo que hacía la institución para estimar el perjuicio al Estado.